19/06/2023
En esta columna, he destacado recientemente el importante legado que estaría
dejando este gobierno a la estabilidad macroeconómica, por el lado de la
sostenibilidad fiscal.
Algunos de sus beneficios ya se observan en el corto plazo. El más notorio, sin
duda, es la avalancha de mejoras en la calificación de riesgo soberano que
hemos observado en los últimos meses. En efecto, entre otras, las tres mayores
empresas internacionales que se dedican a esto le han subido la nota al país
(Standad & Poor´s; Moody´s y Fitch), destacándose especialmente la mejora de
Fitch, pues en los últimos años había sido la calificadora más exigente en la
materia, incluso teniéndonos por un tiempo bajo amenaza de perder el grado
inversor.
Si bien es cierto que los mercados suelen anticiparse a las calificadoras, se sabe
que la evaluación del riesgo soberano (la capacidad y voluntad de repagar su
deuda, de eso se trata) es importante, porque le permite acceder al Gobierno a inversores institucionales cuya regulación les limita posicionar sus activos en
títulos que no tienen grado inversor. De esta forma, el país puede ensanchar la
demanda por sus títulos y lograr mejores condiciones de acceso a los mercados
voluntarios, tanto en plazos como en tasas de interés requeridas.
Así, en los últimos tiempos hemos visto cómo el riesgo país se ha reducido a
niveles históricos, a contramano de lo que ha sucedido en la mayoría de los
países de la región (que han visto aumentar sus primas de riesgo y reducir su
evaluación crediticia de manera simultánea). Hoy Uruguay dispone de una
calificación que está por encima de la nota mínima de grado inversor, lo que le
permite tener un colchón de confianza ante shocks negativos que eventualmente
podrían perjudicar transitoriamente su solvencia fiscal y de los que no está
exento. Asimismo, también paga la menor prima de riesgo del barrio.
Como señalan muchos colegas, las menores tasas de interés que el país debe
asumir impactan positivamente al rebajar la carga de intereses que el país paga,
liberando recursos para poder cumplir con otras funciones importantes del
Estado, como la infraestructura, la educación, la salud, etc.
Pero además hay consecuencias positivas no tan notorias, pues el menor riesgo
soberano también impacta positivamente en el sector empresarial. En efecto, en
la práctica la evaluación de riesgo empresarial está íntimamente ligada al riesgo
país. Eso abre la posibilidad para mejoras en la evaluación de emprendimientos
privados y su acceso a fuentes de financiamiento más amplias y también a
menores tasas de interés.
Las ventajas no se limitan a eso. También abre la posibilidad de nuevas
inversiones de capitales en el sector real de la economía, algo tan necesario para
que el país logre aumentar significativamente su tasa de inversión (relación
Inversión/PIB) y así empujar al alza nuestra magra tasa de crecimiento
tendencial (2,1%).
No nos debería extrañar que algunos de los grandes proyectos que están
apareciendo, como el de producción de hidrógeno verde o propuestas para
proyectos de infraestructura como el vial de tranvías para la zona metropolitana,
por ejemplo, aparezcan de manera simultánea con las mejoras en la calificación
de riesgo país. Asimismo, viabiliza otros proyectos de infraestructura del propio
Estado como el Plan Neptuno para el agua potable o el proyecto —aún en
pañales— de una terminal para cruceros que planea el gobierno de Maldonado
para el puerto de Piriápolis.
Como puede apreciarse, la disciplina fiscal solo tiene consecuencias positivas a
largo plazo para el país y la población, más allá de que haya exigido esfuerzos
en el corto plazo. Directa o indirectamente, potencia la capacidad de crecer más
con mayor inversión real, lo que seguramente también impacte positivamente en los niveles de empleo, productividad y salarios reales. La mayor actividad
económica también redundará en una mayor recaudación de impuestos,
consolidando la sostenibilidad y creando verdadero “espacio fiscal” para las
políticas públicas antes mencionadas que, como en el caso de la educación
pública, es más que necesaria si queremos apuntar a mayores niveles de equidad
social.
Es un verdadero círculo virtuoso que no tiene ideología política, aspecto que
debería erradicarse definitivamente (hoy ya está bastante devaluado) y que tanto
daño nos hizo en el pasado reciente.
Pero este círculo virtuoso, que tiene su sustento institucional en las nuevas
reglas fiscales de principios de este gobierno y en algunos hitos con impactos
fiscales positivos de largo plazo como la reforma jubilatoria, aún tiene retos
importantes por superar. Y si bien hasta ahora dichas reglas han funcionado
satisfactoriamente, entiendo que aún nos falta pasar dos pruebas de fuego que
lo consoliden.
La primera y de corto plazo, que este mismo gobierno que la propició resista la
vieja tentación de incrementar el gasto de manera desmedida en la próxima
Rendición de Cuentas con la intención de obtener beneficios electorales en
2024. Hay que estar atentos porque esa tentación existe y es muy potente. Así
lo enseña nuestra historia, aspecto ampliamente documentado en la literatura
especializada al respecto.
La segunda, de mediano y largo plazo, para que la institucionalidad fiscal se
consolide y se transforme en una verdadera política de Estado, deberá resistir
también las lógicas alternancias de partidos en el poder que tarde o temprano
ocurrirán en nuestro país.
Como vemos, la responsabilidad final es de todo el sistema político. Porque en
democracia ser gobierno u oposición siempre es transitorio.