En mi columna de diciembre pasado, me preguntaba si se mantendría la política monetaria a partir del 1º de marzo. Tenía a su favor los éxitos que había exhibido de menor inflación; récord inédito dentro del rango de tolerancia (3%-6%) y reducción de expectativas de inflación que se acercaron al techo de dicho rango.
A pesar de su éxito, teníamos razones para pensar que se podía abandonar. La primera, su débil institucionalidad representada en la falta de autonomía del gobierno de turno. La segunda, relacionada a la anterior, la política monetaria siguió siendo campo de disputa en la lógica gobierno-oposición, fenómeno que se agudizó durante la última administración. En efecto, la otrora oposición criticó la política monetaria, tratando de minimizar sus éxitos y atribuyéndole responsabilidad de un “histórico” atraso cambiario, supuestamente encarnado en una nueva apreciación del tipo de cambio real.
Ante el resultado electoral de noviembre, un viraje en esta política no hubiera generado sorpresas. Sin embargo, una de las primeras definiciones que tomó el nuevo equipo económico fue mantenerla.
Si bien desde el punto de vista político partidario puede entenderse como una decisión audaz, desde el punto de vista técnico resulta ser de absoluta sensatez. Como enseña la experiencia internacional y la reciente local, el régimen de Metas de Inflación con el uso de la tasa de interés (TPM) como instrumento orientado hacia el objetivo inflacionario (4,5% en Uruguay), en un necesario marco de libre flotación de la moneda, ha mostrado ser exitoso para generar inflación baja, estable y creíble.
Por esa razón apoyamos desde el inicio esta decisión y las sucesivas que se fueron tomando:
1. La designación de un presidente del BCU como Guillermo Tolosa, con buena formación técnica y una amplia experiencia internacional en el FMI, quien va a estar secundado por Ana Claudia de los Heros, otra economista con credenciales técnicas y que tiene la ventaja de conocer por dentro la institución. Ambos sin militancia político-partidaria conocida, parecen poner en evidencia que se privilegia lo técnico por sobre la militancia partidaria para dirigir una institución como el banco central.
2. Tolosa ha sido enfático en cuanto a que se mantendrá el régimen de Metas de inflación con rigor técnico, apuntando primero que nada a que la inflación y las expectativas logren ubicarse consistentemente en la meta actual de 4,5% en el horizonte de la política monetaria (que es de 24 meses), para aspirar a reducirla a valores más acordes con los estándares internacionales (2%-3%) en este período de gobierno.
3. Sus intenciones pasaron a la acción rápidamente. En efecto, luego de su primera participación en un Copom, el directorio tomó la decisión de subir la TPM 25 pbs llevándola a 9,25%, retomando lo que se denomina “instancia monetaria contractiva”. Esto es bueno para la inflación como para las expectativas.
Desde nuestra óptica, lo hecho hasta ahora no quiere decir que el camino hacia la estabilidad de precios en Uruguay esté asegurado.
Primero, porque la debilidad institucional referida a la falta de autonomía sigue vigente. No debemos confundir dos decisiones acertadas y sucesivas de política monetaria de partidos políticos distintos, con una Política de Estado de banco central autónomo.
Segundo, que las últimas decisiones del banco hayan sido tomadas por unanimidad es algo aún circunstancial y no es sinónimo de que el Sistema Político esté ahora alineado.
Por el contrario, a mi entender, estas ideas no forman parte de las convicciones de la mayoría de los partidos políticos vernáculos. De hecho, las unanimidades que observamos recientemente no están aseguradas en el futuro inmediato. Se debieron, por un lado, al cambio de posicionamiento mencionado del actual partido de gobierno —que no apoyó nunca subas de TPM antes de diciembre— y, por otro, a la presencia en exclusividad del Partido Nacional en el directorio saliente.
La política monetaria en el anterior gobierno se sostuvo porque la dirección económica estaba en manos del Partido Nacional. Durante el gobierno se escucharon críticas desde la propia interna de la coalición. Cabildo Abierto lo hizo de manera explícita, tanto por figuras políticas como técnicas. El Partido Colorado guardó silencio público al respecto, probablemente por razones estratégicas y de fidelidad coalicionista, más que por convicción de sus principales referentes.
Esto cambia a partir de ahora, porque el director de la oposición pertenece al Partido Colorado y está ahí exclusivamente por su adhesión partidaria, no por sus credenciales técnicas.
Tercero, se sabe que a la interna del gobierno y su fuerza política hay muchos detractores. Si agregamos que no será fácil para el equipo económico eliminar la indexación en varios mercados, en particular en el mercado de trabajo —atendiendo a la posición del actual ministro de esa cartera y del presidente de la fuerza política— la desinflación recaería exclusivamente en el BCU.
Además, la prioridad de acompasar la desinflación en bienes transables con la de no transables tiene en la indexación y en la falta de convergencia de expectativas a sus principales escollos.
Para Política de Estado falta mucho.