Es bueno que los uruguayos sepamos hoy que los bancos están
reforzando su capital por encima del mínimo regulatorio, lo
que redundará en una mayor fortaleza para su solvencia ante
situaciones de riesgo.
16/01/2023
José Antonio Licandro
Uno de los principales aportes que hacen los bancos al sistema económico es la
intermediación financiera. Ésta consiste en captar recursos líquidos de personas y
empresas que tienen saldos excedentes entre sus ingresos y gastos (brindándoles
instrumentos de ahorro llamados depósitos), y canalizar buena parte de ellos a las
empresas y personas que están en la situación inversa (brindándoles créditos). Esto
es beneficioso para la sociedad, porque los bancos logran captar los recursos de
infinidad de personas y prestarlos a quienes los necesitan en montos y plazos que
no coinciden a nivel individual y que, sin su existencia, no se canalizarían.
Pero todo este proceso reposa sobre una premisa fundamental: que los depositantes
confían en que el banco les devolverá su dinero el día que lo necesiten. Dicha
confianza tiene un componente relevante que es subjetivo, porque en realidad las
personas y empresas no tienen la capacidad de verificar que los bancos están dando
créditos de buena calidad (recuperables). Asimismo, ese desconocimiento
eventualmente da lugar a comportamientos imprudentes de los bancos (conocido en
la jerga como moral Hazard) que, por tratar de ganar más dando créditos caros,
pueden poner en riesgo el dinero que no es de ellos.
Por esta razón, los sistemas bancarios tienen implícito un riesgo que puede dar lugar
a crisis de enorme magnitud, cuando los créditos recuperables no alcanzan para
atender los compromisos con sus depositantes. La historia del mundo y la de
Uruguay también está repleta de ejemplos de estas crisis y sus efectos devastadores
sobre la economía, ya que los créditos incobrables generan pérdidas ingentes a los
depositantes que ven desvanecerse sus ahorros. Asimismo, como muchos de esos
recursos alimentan el sistema de pagos, las pérdidas se diseminan por toda la cadena
de pagos afectando al resto de la economía. Por si fuera poco, durante una crisis de
este tipo es muy difícil discriminar entre bancos buenos y malos, lo que da lugar a
las conocidas “corridas bancarias” y la consiguiente desaparición del crédito a
empresas y personas que lo necesitaban para seguir normalmente con sus
actividades.
Estas crisis recurrentes y dañinas son las que explican que estos mercados sean de
los más regulados del mundo y las que dieron lugar a lo que hoy conocemos como
los acuerdos de Basilea, en referencia a la ciudad suiza donde está enclavado el
Banco Internacional de Pagos (BIS por sus siglas en inglés) que, entre otras cosas,
reúne a los reguladores financieros del planeta para discutir y acordar cuáles son
las buenas prácticas regulatorias que mitigan lo mejor posible la ocurrencia de
estas verdaderas catástrofes económicas.
Y así nace uno de los pilares de esas buenas prácticas, que está concentrado en
los requisitos de capital mínimo que deben tener los bancos para permitirles
funcionar. La idea del requisito de capital es muy relevante para mitigar el moral
hazard, ya que ese capital pasa a ser el primer colchón de las potenciales pérdidas.
Por lo tanto, lo induce a ser cuidadoso con los créditos que concede ya que él será
—antes que los depositantes— el que asuma las pérdidas por créditos incobrables
o de dudosa cobrabilidad.
Básicamente, el requisito de capital mínimo se calcula sobre el total de activos en
el que invierte el banco, pero ponderados por el riesgo implícito de los distintos
tipos de activos. La regulación que rige el cálculo de los activos ajustados a riesgo
es compleja y siempre está en revisión por parte de los reguladores, lo que refleja
esa complejidad y la preocupación constante de los reguladores por este tema.
Sin embargo, las crisis —-aunque más esporádicas— han seguido ocurriendo. La
última gran crisis financiera que tuvo dimensiones globales fue la que experimentó
el mundo desarrollado en 2008. Y nuevamente los reguladores reunidos en el BIS
crearon nuevas regulaciones, que dieron en llamarse Basilea III.
Entre estas nuevas se incluyó el Colchón de Capital Contracíclico (CCC). Éste es
un requisito adicional al de capital mínimo y responde a la verificación del siguiente
hecho estilizado: buena parte de los malos créditos se conceden durante los períodos
de aceleración de la actividad económica. Durante esas bonanzas es más difícil
distinguir empresas que luego tendrán dificultades cuando la economía no esté tan
bien, dado que la bonanza esconde, de algún modo, problemas idiosincrásicos.
Asimismo, la bonanza en sí genera cierto optimismo sobre el devenir de los
negocios que impulsa a las propias empresas a tomar créditos, eventualmente por
encima de lo que deberían.
Varios estudios han concluido que una vez que se acelera la economía por encima
de su crecimiento de largo plazo, esa dinámica se traslada a los créditos bancarios,
generando un plus de malos créditos que solo serán evidentes una vez que cambia
el ciclo económico.
Dada esta realidad, Basilea III recomienda a los reguladores introducir este requisito
adicional denominado CCC, sugiriendo que se acumule durante los períodos de
auge hasta por un máximo de 2,5% de los activos ajustados a riesgo. Este refuerzo
de capital podrá ser utilizado en la parte baja del ciclo para absorber pérdidas que
no fueron previstas, cuestión de proteger el capital mínimo regulatorio en dichas
fases en beneficio de la solvencia de cada banco y, por añadidura, de la estabilidad
del sistema. Adicionalmente, recomienda que los reguladores dispongan de un
margen de discrecionalidad tomando en consideración diferentes variables que
ayudan a tomar las decisiones en momentos oportunos, tanto para la acumulación
del colchón como para su desacumulación.
La implementación en Uruguay
El CCC fue incorporado a la regulación en junio de 2020 como parte del Plan
Estratégico de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) que
implementaba todas las regulaciones de Basilea III [i] .
Para el caso de, Uruguay se realizaron estudios previos que dieron lugar a la Nota
metodológica para la implementación del colchón de capital
contracíclico [ii] publicada en diciembre del mismo año. Esta metodología implica
que el uso de esta herramienta se hace con base en el principio de “discreción
guiada”. La parte “guía” viene dada por una metodología desarrollada para este fin
que es conocida y que determina los períodos en los cuales es recomendable
acumular el colchón, así como aquéllos en los que es recomendable su uso. La parte
“discrecional” incorpora un conjunto de indicadores que dan lugar a la justificación
más subjetiva que dispone la SSF para determinar el quantum de
acumulación/desacumulación del colchón y su distribución temporal dentro de los
períodos.
La discreción guiada implica pues, un compromiso objetivable por parte de la SSF
de cuándo hay que acumular/desacumular el colchón, dejando a la discreción
limitada a lo que se señaló antes en cuanto al timing y quantum dentro de los
márgenes establecidos por los períodos objetivables del ciclo.
Es bueno destacar que esta discreción guiada no solo es recomendable en términos
generales al dar previsibilidad al CCC, sino que también es buena para el caso de
Uruguay porque ayuda a mitigar la falta de autonomía del supervisor financiero.
Esta debilidad institucional ha sido remarcada en las evaluaciones internacionales
a las que la SSF se ha sometido en el pasado [iii] , tanto en 2006 como en 2012 y
seguramente será reiterada cuando se hagan públicos los informes de evaluación
que se hicieron en 2022. Al igual que con la Política Monetaria, la Regulación
Financiera y la Supervisión pueden ser débiles si no tienen autonomía porque las
autoridades políticas de turno son proclives a la “indulgencia regulatoria” por
razones electorales.
La metodología de la parte guía se basa en un estudio pormenorizado del ciclo de
la actividad económica que precede al del crédito, y trabaja sobre lo que se conoce
como el “reloj del ciclo” al comparar el PIB con su valor potencial,
identificando cuatro fases: a) caída (período en el cual el PIB se retrae pero aún
está por encima del potencial; b) recesión (continúa la caída del PIB pero ahora por
debajo de su potencial; c) recuperación (período de crecimiento del PIB pero aún
por debajo del potencial) y d) expansión (período en el que el PIB continúa
creciendo y se encuentra por encima de su potencial).
Los malos créditos asociados al reloj del ciclo se otorgan usualmente en la segunda
mitad de la fase de recuperación y durante la fase de expansión señaladas. Por lo
tanto, ese es el momento oportuno para acumular el CCC. Después ya sería tarde e
inapropiado. Y llegada la fase de recesión —inexorable— los bancos no tendrían
colchón de capital alguno, poniendo en riesgo su solvencia aunque cumplieren con
el requisito de capital mínimo de manera previa.
Para complementar el análisis, se incorpora un indicador de expectativas
empresariales acerca de las ventas futuras, tratando de captar sentimientos
optimistas/pesimistas que pueden reforzar/debilitar el ciclo del crédito. Presentado
de manera conjunta da lugar al “reloj del ciclo aumentado” para Uruguay, que
también se presenta en la metodología antes mencionada.
El reloj del ciclo aumentado se calcula semestralmente con datos actualizados del
PIB y de las expectativas empresariales y se publica por la SSF junto con el análisis
cualitativo y la decisión del quantum de acumulación. Los últimos dos informes (de
junio y diciembre de este año) muestran que la economía ya se encuentra en fase de
recuperación, con expectativas optimistas respecto de las ventas futuras. Con el
agregado de otros indicadores que fortalecen esa visión por parte de la SSF, se
estableció en junio por primera vez la obligación de acumular 0,25% y en diciembre
se aumentó a 0,50%.
Si bien la obligación rige un año después de la comunicación respectiva, es bueno
que los uruguayos sepamos hoy que los bancos están reforzando su capital por
encima del mínimo regulatorio y que eso redundará en una mayor fortaleza para su
solvencia el día que las papas quemen.
[i] Circular
2350/2020: https://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci2350.pdf
[ii] https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco20266.pdf
[iii] conocidos como evaluaciones FSAP por su sigla en inglés y que realizan
conjuntamente equipos técnicos del FMI y el Banco Mundial.